Hacia un nuevo contrato ecosocial

Article escrit amb Gemma Ubasart. Publicat a ElDiario.es (4/3/2026) https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/nuevo-contrato-ecosocial_129_13034233.html

Tras la II Guerra Mundial, en la Europa democrática, el contrato social-keynesiano tradujo derechos básicos en políticas de bienestar. Más tarde, las revueltas del 68 detonaron la ampliación de la ciudadanía hacia nuevos derechos civiles y políticas de reconocimiento. Tal conjunto de avances socioculturales solo fue posible en España -al hilo de tantas luchas- tras la caida de la dictadura. Todos los regímenes clásicos de bienestar se configuraron en un contexto industrial-fordista, con niveles bajos de incertidumbre y complejidad. En ese marco, redujeron desigualdades y desmercantilizaron educación y salud. Las posteriores ofensivas neoliberales pretendieron restaurar órdenes sociales basados en estructuras de privilegio y en el blindaje de sus dispositivos de reproducción. Se fueron desplegando, desde los años 80, dinámicas de concentración de la riqueza, fragilización de capas medias y dispersión de riesgos de exclusión. Al cruzarse con variables de género, edad y origen, resultaron unas estructuras sociales más polarizadas y fragmentadas.

 Un escenario de cambio de época

 Pero las primeras décadas del s.XXI -esos años de globalización, gran recesión, pandemia, emergencia climática y nuevos repertorios de acción colectiva- lo cambian casi todo. Es cierto que los elementos de resiliencia del estado de bienestar (a pesar de todas las impugnaciones insolidarias) son relevantes: no es poco que redes de prestaciones y  servicios públicos universales sigan materializando hoy un espacio -colectivamente luchado y defendido- de ciudadanía social. Este esquema de derechos, sin embargo, se inserta ahora en nuevas condiciones estructurales. Por un lado, parece insuficiente para embridar las mutaciones de fondo y simultáneas que han derivado en el actual capitalismo fósil, financiarizado, rentista y digital. Por otro lado, las nuevas coordenadas de cotidianidad, con todas sus diversidades y discontinuidades vitales, dibujan escenarios muy diferentes a los entornos donde crecimos. El estado de bienestar había articulado respuestas a una sociedad que ya no existe. Se abre un desencaje de época entre las viejas políticas y las nuevas realidades: las soledades no deseadas, las altas tasas de pobreza infantil y en hogares monomarentales, la gentrificación en los barrios, los elevados riesgos de pobreza y exclusión en colectivos migrantes, la superposición de vulnerabilidades sociales y climáticas...

 Un nuevo contrato ecosocial

En breve, el estado de bienestar que heredamos presenta, en la tercera década del s.XXI, una arquitectura institucional tan insuficiente como anacrónica. Emerge pues la necesidad de tejer un nuevo contrato ecosocial. Quizás hasta sea urgente: como mecanismo clave de respuesta al ciclo de odios, guerras y autoritarismos que intentan hoy romper los tejidos éticos e institucionales de nuestras democracias. Las dimensiones de la transición ecosocial son múltiples, apuntamos algunos ejes que pueden esbozar mapas transitables.

Tenemos hoy, como punto de partida, un estado de bienestar que no ha generado un espacio de derechos universales en torno a las necesidades humanas fundamentales: un ingreso garantizado para existir; una casa y un planeta donde habitar; una comunidad donde vincularnos. Hoy la mercantilización de las bases materiales de la vida y de la vivienda, y la crisis de los cuidados, configuran el núcleo de la emergencia social.  Podemos pensar, ante ello, en un nuevo entramado colectivo orientado a garantizar cuatro seguridades elementales: la seguridad económica, a través de una renta básica como herramienta para ayudar a trazar vidas emancipadas de precariedades laborales y dependencias patriarcales; la seguridad habitacional, por medio del acceso a casas asequibles, dignas y estables, frente al extractivismo de una minoría; la seguridad relacional, a través de la reconstrucción de lógicas de reciprocidad y apoyo mutuo; y la seguridad climática, por medio del abandono de las energías fósiles y la descarbonización del planeta.

En esas seguridades humanas anidan también las condiciones de posibilidad para disputar la batalla cultural de la libertad. Es verdad que las políticas sociales clásicas se han atrincherado a menudo en formas jerárquicas y burocráticas, derivando en un esquema más protector que emancipador. Pero frente al espejismo neoliberal de la libertad conectada a marcos de individualismo que socavan lo común, y ante la concepción elitista traducida en la ‘libertad’ para reproducir desigualdades, resulta fundamental rescatar esa otra libertad real de raíces teóricas republicanas, entendida como ausencia de dominación: para preservar, en clave individual, los espacios de autodeterminación personal que dotan de sentido a cada proyecto de vida; y para remover, en clave colectiva, tanto las asimetrías de renta y de poder en la esfera laboral, como el rentismo inmobiliario que favorece la creciente transferencia regresiva de riqueza de inquilinos pobres a propietarios ricos.

Estas dinámicas de desigualdad, además, se interconectan hoy con fuerza a tendencias de segregación social y desvinculación relacional. La segregación dibuja una cotidianidad de lugares no compartidos y escasas interacciones entre diferentes. La desvinculación apunta a la erosión de redes. Cuando la construcción de igualdad se frena, la segregación se ensancha y los lazos se rompen. Sin mixturas ni vínculos, las lógicas de movilidad social dejan de funcionar: por un lado, en ausencia de experiencias compartidas se segregan también los horizontes aspiracionales; por otro lado, en ausencia de comunidades fuertes se fragilizan las capacidades de acción colectiva y deja de funcionar, por tanto, un motor histórico en la conquista de derechos sociales. Ante todo ello, resulta hoy fundamental trazar mapas de fraternidad, inserir la autonomía personal en tramas colectivas. El giro comunal abre dos importantes ventanas de oportunidad. Permite -en tiempos de individualización- priorizar la reconstrucción de bases para la acción transformadora (prácticas de autogestión, estructuras público-comunitarias...). Y permite -en tiempos de crisis climática- ensamblar derechos sociales y transición ecológica. Posibilita, en concreto, reemplazar visiones colapsistas y gramáticas de sacrificio por un nuevo marco de ‘abundancia comunitaria’. La transición ecosocial ha de reintegrar la economía en los límites del planeta, sí; pero sobre todo generar modelos de bienestar comunal en torno a viviendas cooperativas, comunidades energéticas o redes de soberanía alimentaria.    

Contra la reacción: horizontes de esperanza

En síntesis, erigir un proyecto que recupere la vieja pulsión humanista del estado de bienestar, en el marco del tiempo nuevo que vivimos, implica entrelazar lógicas de ampliación e innovación de los derechos sociales: transitar hacia agendas de seguridad vital, hacia estructuras de libertad real y hacia formas más fraternales, ecológicas y feministas de lo común. Sería la urdimbre donde tejer el nuevo contrato ecosocial. Más allá del ciclo reaccionario que hoy se despliega con contundencia, existen energías y prácticas emancipatorias que confieren fuerza a la transición ecosocial (programas de renta básica, ecosistemas de economía solidaria, sindicalismo habitacional, ciudades pioneras en neutralidad climática, escuelas e infraestructuras comunitarias que fortalecen vínculos y enlazan diversidades en barrios populares...). Claro que deberían articularse amplias coaliciones de actores para escalar los cambios con todo el empuje posible. Y ahí, probablemente, existe un potencial en los espacios políticos progresistas que no acaba de cristalizar. Es necesario defender logros sociales históricos. Pero la gramática que requiere el siglo XXI es de ambición transformadora, de construcción de utopías cotidianas, de horizontes de esperanza radical.