Hacia la nueva metrópolis

(Text de l'article que em publica El País 7 de Juliol de 2016)

En 1987 la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) fue abolida al hilo de las leyes de régimen local, impulsadas por el gobierno de CiU. En aquel tiempo, el conflicto se relató en términos de lucha de poder en el territorio, al servicio de uno u otro modelo de país (maragallista o pujolista). Más allá de Barcelona, los municipios metropolitanos parecieron verse poco reflejados en las claves de la disputa. Quizás la desaparición de la CMB truncó, a la vez, dos procesos en marcha: el de maduración de un gobierno metropolitano con capacidad real de desarrollo de políticas; y el de plasmación de un esquema territorial monocéntrico, articulado por relaciones de jerarquía espacial entre Barcelona y el resto de la metrópolis. Han pasado muchos años, ha cambiado casi todo.  En 2010, el Parlament restituyó –esta vez por ley aprovada de forma unánime- la dimensión institucional del Área Metropolitana. Pero el debate sobre el modelo de gobernanza y los equilibrios socio-territoriales sigue bien abierto. Quizás exista hoy una estructura de oportunidades que permita plantearlo en condiciones inéditas. Y merezca la pena aprovecharla, para forjar un salto cualitativo hacia una metrópolis más democrática; y con más justicia social, espacial y ambiental.

Durante las tres últimas décadas, el municipalismo democrático ha sido un factor potente de transformación urbana. En el área metropolitana, los municipios que crecieron desde una lógica de periferia han ido forjando sus propios proyectos de ciudad. Y configuran hoy una red mucho más sólida de identidades y tejidos sociales; un entramado que dota a la metrópolis de un carácter policéntrico, que convoca a fortelecer relaciones horizontales. La crisis y la austeridad han dejado, en cambio, un rastro de nuevas exclusiones sociales y desigualdades urbanas. Las costuras de la cohesión metropolitana se tensionan por sus barrios más frágiles, y por sus colectivos más vulnerables. La escala metropolitana reaparece con fuerza como marco necesario de la redistribución; de reconstrucción de dignidades sociales y urbanas. Hoy enfrentar ese desafío implica hacerlo desde lógicas de innovación democrática; y desde una agenda diferente de políticas públicas. Se trataría de repensar la institucionalidad metropolitana: como espacio intermunicipal compartido, y con más y mejor vinculación ciudadana. Una perspectiva superadora de riesgos centralistas y de viejas dinámicas tecnocráticas. No es fácil, pero el escenario de nuevo municipalismo y de empoderamiento colectivo lo hace posible.

Emergen retos en dos planos. Por una lado el de la gobernanza democrática. Es interesante afrontar la posible elección directa de un gobierno metropolitano. Pueden aportarse argumentos en una u otra dirección. La lógica vertebradora de nuestro entramado institucional se asienta en la elección municipal directa y -sobre la base de esos resultados- la constitución de las esferas supramunicipales. Cabe cambiar esa lógica en el ámbito metropolitano? La cuestión requiere un debate inclusivo de todas las miradas, y en especial de las ciudades más frágiles. Hay un aspecto sin embargo que me parece especialmente relevante. El área metropolitana no es un mero ámbito de gestión, es un espacio de naturaleza política. Se deciden actuaciones estratégicas (urbanismo, vivienda, movilidad, ciclo del agua..) que expresan valores en conflicto, dirimen modelos alternativos, y generan impactos directos sobre la vida cotidiana. No deberían por tanto esas políticas inscribirse en marcos de elección directa, deliberación democrática y control ciudadano?. La población que teje cada día la ciudad metropolitana, no debería constituir también su demos, el sujeto político de la metrópolis?.  Una nueva gobernanza en todo caso como oportunidad de cambio: de articulación de redes municipales cooperativas, de conexión con prácticas sociales, de orientación comunitaria.

La segunda dimensión del reto es de carácter sustantivo: la metrópolis democrática como espacio de construcción del bien común. Desde una agenda ambiental audaz, nuestra ciudad metropolitana podría emerger como referente de transición ecológica, de protección del clima y de acción por un aire limpio (la movilidad sostenible como prioridad). Referente también de avance hacia la soberanía alimentaria y energética, hacia la gestión pública del agua.  El momento es duro. La crisis y la austeridad nos han dejado una geografia inédita de desigualdades socio-residenciales; y sabemos que los espacios urbanos más vulnerables cruzan límites municipales (el Besòs como ejemplo). Son necesarias por tanto políticas de ámbito metropolitano para generar nuevas dinámicas de inclusión entre colectivos y territorios. La metrópolis funciona además como un espacio económico integrado. Y el reto de la cohesión se juega también ahí: en la necesidad de conjugar el apoyo al tejido productivo, con la apuesta por la economía social y solidaria, y con decisiones a escala metropolitana sobre empleo y salario digno. Un entramado socioeconómico innovador conectado a la investigación en sus cuatro universidades públicas.

Se trata, en definitiva, de no dejar escapar una nueva ventana de oportunidad; de afrontar un reto colectivo en buena parte aún pendiente: construir una metrópolis más democrática, como espacio político donde hacer posible el derecho a la ciudad.